Ley 39/2015: Las fases del procedimiento administrativo + Video y Esquema

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el marco normativo que regula el procedimiento administrativo en España. Esta ley, que tiene como objetivo principal la modernización y simplificación de los procedimientos administrativos, introduce una serie de fases claramente definidas para asegurar la eficiencia, transparencia y participación ciudadana en las decisiones administrativas. A continuación, se analizan en detalle las fases del procedimiento administrativo según la Ley 39/2015.

Índice
  1. Fase de iniciación del procedimiento administrativo
  2. Fase de ordenación del procedimiento
  3. Fase de instrucción del procedimiento
  4. Fase de finalización del procedimiento
  5. Implicaciones y desafíos de la Ley 39/2015

Fase de iniciación del procedimiento administrativo

La fase de iniciación marca el comienzo del procedimiento administrativo y puede ser iniciada de oficio por la Administración o a instancia del interesado. Esta fase incluye varias subfases cruciales:

  • Iniciación de oficio: La Administración puede iniciar el procedimiento por propia iniciativa, como resultado de una orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. Esta modalidad garantiza que la Administración actúe de manera proactiva en el cumplimiento de sus funciones.
  • Iniciación a instancia del interesado: Los ciudadanos y entidades pueden iniciar el procedimiento presentando una solicitud formal ante la Administración. Esta solicitud debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, que incluyen la identificación del solicitante, el objeto de la solicitud, la documentación pertinente y, en su caso, la representación.

Fase de ordenación del procedimiento

Una vez iniciado el procedimiento, la fase de ordenación se encarga de organizar y dirigir las actuaciones administrativas hacia la consecución de la resolución final. Esta fase se caracteriza por:

  • Impulso de oficio: La Administración tiene la responsabilidad de impulsar el procedimiento en todos sus trámites, garantizando la continuidad y evitando dilaciones indebidas.
  • Medidas provisionales: En ciertos casos, la Administración puede adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer, siempre y cuando estas medidas no causen perjuicio irreparable a los interesados o afecten a derechos fundamentales.

Fase de instrucción del procedimiento

La fase de instrucción es fundamental para la correcta preparación de la resolución del procedimiento administrativo. Durante esta fase, se recaban y examinan todas las pruebas y alegaciones necesarias para tomar una decisión informada:

  • Pruebas y alegaciones: Los interesados tienen derecho a presentar pruebas y formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento. La Administración, por su parte, debe realizar las pruebas que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
  • Audiencia a los interesados: Antes de redactar la propuesta de resolución, la Administración debe conceder un trámite de audiencia a los interesados, permitiéndoles conocer el estado del procedimiento y formular alegaciones adicionales.

Fase de finalización del procedimiento

La fase de finalización culmina con la resolución del procedimiento administrativo. Esta fase puede concluir de varias maneras:

  • Resolución: La resolución administrativa es el acto final mediante el cual la Administración decide sobre el fondo del asunto. Debe ser motivada y notificarse a los interesados en el plazo máximo establecido por la ley.
  • Desistimiento, renuncia y caducidad: El procedimiento también puede finalizar por desistimiento o renuncia del interesado, o por caducidad del procedimiento si la Administración no cumple con los plazos establecidos.
  • Terminación convencional: En algunos casos, el procedimiento puede finalizar mediante acuerdos o convenios entre la Administración y los interesados, lo que permite una solución consensuada del conflicto.

Implicaciones y desafíos de la Ley 39/2015

La Ley 39/2015 introduce importantes novedades y desafíos para las Administraciones Públicas y los ciudadanos:

  • Digitalización y transparencia: La ley promueve la digitalización de los procedimientos administrativos, fomentando el uso de medios electrónicos para mejorar la transparencia y eficiencia. Sin embargo, la implementación efectiva de esta digitalización plantea desafíos técnicos y organizativos significativos.
  • Participación ciudadana: La Ley 39/2015 refuerza la participación de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, garantizando su derecho a ser escuchados y a presentar pruebas. Este enfoque participativo contribuye a la legitimidad y aceptación de las decisiones administrativas.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, representa un paso significativo hacia la modernización y eficiencia de la administración pública en España. La estructura clara de las fases del procedimiento administrativo—desde la iniciación hasta la finalización—garantiza un proceso transparente y equitativo, protegiendo los derechos de los ciudadanos e impulsando una gestión pública más efectiva. Entender y aplicar correctamente estas fases es crucial para asegurar el cumplimiento de la normativa y la calidad de la administración pública.

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